Un gravísimo problema de derechos humanos sacude la República Dominicana, ya que activistas denuncian un alarmante incremento en las muertes a manos de la Policía Nacional, presentadas oficialmente como “intercambios de disparos”. Según los defensores, estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que se registran con una frecuencia inusitada y sin el debido proceso.
De enero a la fecha, distintos organismos han contabilizado más de 150 personas fallecidas en operativos policiales, una cifra que casi duplica las reportadas en 2024. El aumento tan drástico ha despertado el rechazo tanto del principal partido de oposición como de organizaciones civiles, que piden investigaciones independientes y transparentes para determinar si hubo abuso de la fuerza.
El PLD (Partido de la Liberación Dominicana) ha exigido la creación de una comisión especial para dar seguimiento a cada caso, así como la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras se realizan las pesquisas. Reclaman también la implementación de estándares internacionales para indagar muertes sospechosas derivadas de operativos policiales.
Por su parte, el Defensor del Pueblo ha calificado la situación como una crisis del Estado de Derecho, afirmando que no se puede considerar un “estado fuerte” cuando su fuerza policial actúa como verdugo. La demanda de la sociedad es clara: transparencia, justicia y un verdadero respeto al derecho a la vida.
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